Regional lo confirmaSan Ignacio. “La empresa minera Aguila Dorada, ingresó a nuestro distrito de San José de Lourdes, en el gobierno municipal del actual alcalde de San Ignacio, Carlos Martínez Solano y no con el apoyo de nosotros los consejeros regionales”, respondió Cervando Puerta Peña, al burgomaestre provincial.
Puerta Peña, acusado por el alcalde de San Ignacio de defender la permanencia de mineros en nuestra zona, motivó una urgente respuesta por el mencionado consejero quien en una conferencia de prensa, deslindó toda vinculación minera en las comunidades nativas del cual procede.
“No es la misión ni la forma de solucionar los principales problemas criticando sin pruebas, más aun cuando se trata de autoridades que tienen como función unificar a nuestros pueblos para promover nuestro desarrollo; pedimos respeto a nuestras comunidades indígenas, porque está en juego la dignidad de una milenaria defensa de nuestros recursos naturales y costumbres que significan la reserva moral de nuestro país y del mundo”, expresó molesto el consejero nativo de San Ignacio.
“En el fondo lo que buscan, no es destruir a Cervando Puerta Peña, sino crear condiciones para la revocatoria de Gregorio Santos Guerrero, pues la vinculación política opositora de quien hoy nos critica sin fundamento, ya lo hemos vivido en la campaña electoral del año pasado y sabemos aún coordina con los enemigos del actual gobierno regional con fines oscuros; mientras que por un lado se muestra como amigo, por la espalda te planta un puñal”, terminó diciendo Cervando Puerta Peña, en defensa del honor indígena como lo llama por las calumnias recibidas.
Señaló que la incursión de empresas mineras es desde hace diez años atrás hasta la fecha, tiempo en que está de alcalde provincial el Licenciado Carlos Martínez Solano y, en relación a la empresa minera Aguila Dorada en el Distrito de San José de Lourdes, ingresaron cuando gobernaba el profesor Pastor Tapia Caballero que pertenece a su misma organización política.
El 26 de julio próximo, habrá una reunión multisectoral entre los jefes nativos (Apus), autoridades municipales y políticas, representantes de las instituciones y organizaciones de base, con el objetivo de deslindar definitivamente cualquier apoyo a la continuación de empresas mineras en territorio de las comunidades nativas.
Puerta Peña, acusado por el alcalde de San Ignacio de defender la permanencia de mineros en nuestra zona, motivó una urgente respuesta por el mencionado consejero quien en una conferencia de prensa, deslindó toda vinculación minera en las comunidades nativas del cual procede.
“No es la misión ni la forma de solucionar los principales problemas criticando sin pruebas, más aun cuando se trata de autoridades que tienen como función unificar a nuestros pueblos para promover nuestro desarrollo; pedimos respeto a nuestras comunidades indígenas, porque está en juego la dignidad de una milenaria defensa de nuestros recursos naturales y costumbres que significan la reserva moral de nuestro país y del mundo”, expresó molesto el consejero nativo de San Ignacio.
“En el fondo lo que buscan, no es destruir a Cervando Puerta Peña, sino crear condiciones para la revocatoria de Gregorio Santos Guerrero, pues la vinculación política opositora de quien hoy nos critica sin fundamento, ya lo hemos vivido en la campaña electoral del año pasado y sabemos aún coordina con los enemigos del actual gobierno regional con fines oscuros; mientras que por un lado se muestra como amigo, por la espalda te planta un puñal”, terminó diciendo Cervando Puerta Peña, en defensa del honor indígena como lo llama por las calumnias recibidas.
Señaló que la incursión de empresas mineras es desde hace diez años atrás hasta la fecha, tiempo en que está de alcalde provincial el Licenciado Carlos Martínez Solano y, en relación a la empresa minera Aguila Dorada en el Distrito de San José de Lourdes, ingresaron cuando gobernaba el profesor Pastor Tapia Caballero que pertenece a su misma organización política.
El 26 de julio próximo, habrá una reunión multisectoral entre los jefes nativos (Apus), autoridades municipales y políticas, representantes de las instituciones y organizaciones de base, con el objetivo de deslindar definitivamente cualquier apoyo a la continuación de empresas mineras en territorio de las comunidades nativas.
