domingo, 8 de mayo de 2011

Más indicios de corrupción municipal en San Ignacio

Planillas doradas y empresas están de por medio
La Asociación de Desarrollo y Defensa de San Ignacio (ADEFSI)), aumenta las denuncias por reales indicios de corrupción en contra del Alcalde Provincial, Carlos Martínez Solano; planillas doradas para gente de su confianza, empresas de familiares de funcionarios favorecidas con licitaciones y sobrevaloración de obras, van en camino para investigación oficial.
Según la Adefsi, el Alcalde de San Ignacio, de 2 mil quinientos elevó a 7 mil 500 nuevos soles el sueldo mensual a su hombre de confianza y dirigente de su agrupación política, Ingeniero Alvaro Cabrera Pastor, quien hoy gana mucho más que el mismo burgomaestre provincial, en una plaza que no figura en el Cuadro de Asignación de Personal municipal.
Últimamente nombró como funcionaria de la municipalidad provincial, en el cargo de Gerenta de la Oficina de Desarrollo Económico, a su esposa Yesenia de los Milagros Núñez Martino, y al igual que ella, a otros con los cuales los une vínculos políticos de sus reelecciones.
Agrava estas denuncias cuando señalan que el ex tesorero –recién cambiado-, ha incrementado su patrimonio construyendo casa de tres pisos y de material noble, adquirió una camioneta último modelo Marca RAV4, tal y como lo demuestran con los documentos de ley.
Asimismo, denuncian que el Alcalde Carlos Martínez Solano, para favorecer a su ex teniente alcalde periodo 2007 – 2010, Marcelino Bustamante Vásquez, contrató para la municipalidad un volquete de propiedad de su conviviente.
Por otra parte, el burgomaestre san ignacino, también siguió bajo esta misma modalidad, favoreciendo en el alquiler de maquinaria pesada a la empresa Brodher Land SAC, la cual como propietario figura uno de sus trabajadores municipales en sociedad con un hermano.
Están pendientes de resolver los procesos penales sobre malversación de fondos, colusión para delinquir y enriquecimiento ilícito por el camal municipal, que ya está demostrado que fue construido sin la autorización del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA); y lo que es peor, tampoco tiene autorización para que lo hayan puesto en funcionamiento, puesto que le falta agua, desagüe, luz y otras obras complementarias, para evitar mortales epidemias como consecuencia de actual operatividad.