Blanca Bonilla Ramírez, después de una semana fue liberada en horas de la tarde de ayer, acusada de supuesto delito de daño agravado en contra de la municipalidad de san Ignacio.
Demostrando su inocencia en los sucesos del 15 de marzo último, día en que parte de la población quemo la municipalidad provincial, el ministerio publico no pudo sostener las pruebas de hecho y derecho que motiven alguna responsabilidad penal de la inculpada.
Videos y audios habrían sido descartados en su contra, porque en ninguno se aprecia prueba que justifique la comisión del delito que se investiga; significando que existiría una premeditada intención de hacerle daño.
La jueza de investigación preparatoria, Rosa Fernández Arrascue ante la falta de evidencias reales, no le quedó más que resolver la libertad de Bonilla Ramírez.
Bajo esta misma situación sin existir pruebas objetivas jurídicamente sustentables, la mencionada magistrada tiene bajo orden de captura a muchos dirigentes de la asociación de desarrollo y defensa de la provincia de san Ignacio, quienes se encuentran en la clandestinidad por causa de un dispoción judicial.
