Por varios delitos en agravio de periodista 
Fiscal Pedro Miguel Falla Odar - San Ignacio
San Ignacio. Dirigió operativo que no estuvo autorizado judicialmente, ejerció violencia, expuso a peligro a menores de edad, abusó de su autoridad como fiscal adjunto y se apropió de bienes del periodista “David” Santos Pasapera Portilla; son los delitos por los cuales fue denunciado ante la Fiscalía de la Nación, el Fiscal de Pedro Miguel Falla Odar.
Contraviniendo sus funciones y posiblemente confiando en que será protegido por sus allegados en la Presidencia de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de Lambayeque al cual pertenece esta provincia, este fiscal se atrevió a atropellar los derechos constitucionales y legales de un comunicador social que se enfrenta a la corrupción desde hace años, no sólo desde su informativo radial; sino en la vía judicial al haber denunciado hechos evidentes de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
El quince de marzo del presente año, el denunciado fiscal junto con su titular José Luis Vera Chuñe, hoy ya expulsado del ministerio público, violaron el domicilio del comunicador social Pasapera Portilla, al no respetar las exigencias que la ley obliga en un allanamiento domiciliario por la jueza Rosa Fernández Arrascue, por sospechoso y dudoso supuesto ejerció ilegal de la abogacía en contra de un tercero que no era el periodista agraviado.
Y lo que es peor, no pueden justificar la ilegalidad de la acción fiscal porque cuando realizaron la incautación y para cautelar el contenido, no lacraron el CPU donde el periodista guardaba los audios, fotografías y videos, pruebas de la corrupción que estaba siendo procesado por ante las fiscalías y juzgado de investigación preparatoria, contra el Alcalde de San Ignacio, Carlos Alfonso Martínez Solano.
Pero entre las pruebas habidas en el CPU, no sólo hubo pruebas de corrupción municipal; sino también de supuestas coimas que los fiscales denunciados Pedro Miguel Falla Odar y José Luis Vera Chuñe, recibían para favorecer en procesos judiciales a algunos denunciados. Según el comunicador esta fue la verdadera intención de pretextar un allanamiento para apropiarse de la computadora donde se hallaban las pruebas en su contra.
Esta premeditada acción abarca a la Jueza Rosa Fernández Arrascue, quien ordenó el allanamiento, porque allí en ese mismo CPU se encontraban graves pruebas en su contra.
Este allanamiento irregular fue la que motivó para que la población a partir de las dos de la tarde del quince de marzo pasado, en solidaridad del periodista proteste ante las instalaciones de la comisaría provincial y al ver que el fiscal denunciado José Luis Vera Chuñe se negaba a retirase de San Ignacio, pretendió sacarlo de esta dependencia policial generándose un enfrentamiento, propiciándose el apedreamiento del local policial y ministerio público; así como la quema de parte de la infraestructura de la municipalidad provincial de San Ignacio, quedando un muerto y más de media docena de heridos con balas disparadas por la policía nacional.
Santos Pasapera Portilla, quien periodísticamente y al amparo del Artículo 32 del Código Civil vigente, se hace llamar David Pasapera Portilla, señala que si los fiscales denunciados hubiesen respetado el debido proceso de allanamiento de su domicilio, no hubiese pasado nada puesto que en su casa cuando se realizó la ilegal acción fiscal, se encontraba su abogado Hesguar Neciosup Guevara, quien es uno de los principales testigos de esta arbitrariedad y a quien, lo limitaron a ejercer su legítima defensa.
Contraviniendo sus funciones y posiblemente confiando en que será protegido por sus allegados en la Presidencia de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de Lambayeque al cual pertenece esta provincia, este fiscal se atrevió a atropellar los derechos constitucionales y legales de un comunicador social que se enfrenta a la corrupción desde hace años, no sólo desde su informativo radial; sino en la vía judicial al haber denunciado hechos evidentes de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
El quince de marzo del presente año, el denunciado fiscal junto con su titular José Luis Vera Chuñe, hoy ya expulsado del ministerio público, violaron el domicilio del comunicador social Pasapera Portilla, al no respetar las exigencias que la ley obliga en un allanamiento domiciliario por la jueza Rosa Fernández Arrascue, por sospechoso y dudoso supuesto ejerció ilegal de la abogacía en contra de un tercero que no era el periodista agraviado.
Y lo que es peor, no pueden justificar la ilegalidad de la acción fiscal porque cuando realizaron la incautación y para cautelar el contenido, no lacraron el CPU donde el periodista guardaba los audios, fotografías y videos, pruebas de la corrupción que estaba siendo procesado por ante las fiscalías y juzgado de investigación preparatoria, contra el Alcalde de San Ignacio, Carlos Alfonso Martínez Solano.
Pero entre las pruebas habidas en el CPU, no sólo hubo pruebas de corrupción municipal; sino también de supuestas coimas que los fiscales denunciados Pedro Miguel Falla Odar y José Luis Vera Chuñe, recibían para favorecer en procesos judiciales a algunos denunciados. Según el comunicador esta fue la verdadera intención de pretextar un allanamiento para apropiarse de la computadora donde se hallaban las pruebas en su contra.
Esta premeditada acción abarca a la Jueza Rosa Fernández Arrascue, quien ordenó el allanamiento, porque allí en ese mismo CPU se encontraban graves pruebas en su contra.
Este allanamiento irregular fue la que motivó para que la población a partir de las dos de la tarde del quince de marzo pasado, en solidaridad del periodista proteste ante las instalaciones de la comisaría provincial y al ver que el fiscal denunciado José Luis Vera Chuñe se negaba a retirase de San Ignacio, pretendió sacarlo de esta dependencia policial generándose un enfrentamiento, propiciándose el apedreamiento del local policial y ministerio público; así como la quema de parte de la infraestructura de la municipalidad provincial de San Ignacio, quedando un muerto y más de media docena de heridos con balas disparadas por la policía nacional.
Santos Pasapera Portilla, quien periodísticamente y al amparo del Artículo 32 del Código Civil vigente, se hace llamar David Pasapera Portilla, señala que si los fiscales denunciados hubiesen respetado el debido proceso de allanamiento de su domicilio, no hubiese pasado nada puesto que en su casa cuando se realizó la ilegal acción fiscal, se encontraba su abogado Hesguar Neciosup Guevara, quien es uno de los principales testigos de esta arbitrariedad y a quien, lo limitaron a ejercer su legítima defensa.
