Bagua. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación ante la amenaza a la libertad de expresión que representa la reapertura de proceso penal contra tres periodistas de Radio La Voz de Bagua por el Segundo Juzgado Penal de la Provincia de Utcubamba.La ANP manifiesta públicamente su solidaridad y apoyo a los periodistas Luz Noemí Jiménez Salazar, Aurora Doraliza Burgos de Flores y Carlos Enrique Piscoya Leng, de Radio La Voz de Bagua, por la denuncia penal formulada en su contra por la Fiscal Provincial Penal de Utcubamba en la que se ampara la reapertura del proceso penal que fuera archivado con anterioridad al considerarse que no se había producido conducta penal de hurto agravado que se pudiera considerar como delito de transmisión de señales de comunicaciones ilegales, conforme lo establece el inciso 6 del articulo 188 del Código Penal (Reformado por Ley 28848).
Pese a no existir infracción o anomalía administrativa alguna que justifique la consiguiente medida de sanción penal, el Procurador del Ministerio de Transportes insiste en la reapertura del proceso penal, contando con la anuencia de la citada Fiscalía Provincial, con el agregado de que en la Acusación fiscal se piden severísimas sanciones de cuatros años de pena privativa de la libertad para cada uno de ellos y el pago de tres mil soles que correspondería pagar a cada uno de los acusados como reparación civil a favor del supuesto agraviado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Como se recordará en el mes de junio el caso penal contra los citados periodistas fue archivado y Radio La Voz continuó operando con la respectiva autorización oficial, mediando la intervención de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, comprometiéndose las autoridades a devolver la señal, conforme efectivamente se produjo.
Lo contradictorio e inexplicable de presentes actuaciones, así como la probable decisión de enjuiciar y condenar a los periodistas mencionados, conducen a considerar que estas no pasan de ser consideradas como una medida de represalia, que contradice el espíritu de reconciliación que busque superar las dolorosas consecuencias de los sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio de 2009, y además contradice con el espíritu democrático expresado por todos los candidatos que postulan a la presidencia 2011-2016, quienes suscribieron un Acta comprometiéndose a garantizar sin restricciones, la libertad de expresión y al acceso a la información del Estado, en Lima, el 18 de enero actual convocados por el Consejo de la Prensa Peruana, pues no es admisible que el principio de seguridad jurídica se vea amenazado con tanta facilidad y con ello misma libertad de expresión pendiendo como espada de Damocles la acusación por un imaginario hurto agravado o delito de transmisión de señales de comunicaciones ilegales por el libre albedrío de la administración.
Ante la grave situación expuesta, demandamos a los poderes del Estado, a la Fiscalía y al Poder Judicial se tomen decisiones que efectivamente eviten medidas arbitrarias originadas por normas que en forma defectuosa facilitan la actuación de la administración para acallar voces críticas o independientes y cumpliendo fines de represalia que no son admisibles en una sociedad democrática; además de mencionar que su tipificación y contenido ilícito es de una dudosa constitucionalidad y de no adecuación de la normativa interna a las obligaciones internacionales, en particular, las que garantizan la libertad de pensamiento y de expresión.
(Fuente: blog: Asociación Nacional de Periodistas del Perú).
Como se recordará en el mes de junio el caso penal contra los citados periodistas fue archivado y Radio La Voz continuó operando con la respectiva autorización oficial, mediando la intervención de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, comprometiéndose las autoridades a devolver la señal, conforme efectivamente se produjo.
Lo contradictorio e inexplicable de presentes actuaciones, así como la probable decisión de enjuiciar y condenar a los periodistas mencionados, conducen a considerar que estas no pasan de ser consideradas como una medida de represalia, que contradice el espíritu de reconciliación que busque superar las dolorosas consecuencias de los sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio de 2009, y además contradice con el espíritu democrático expresado por todos los candidatos que postulan a la presidencia 2011-2016, quienes suscribieron un Acta comprometiéndose a garantizar sin restricciones, la libertad de expresión y al acceso a la información del Estado, en Lima, el 18 de enero actual convocados por el Consejo de la Prensa Peruana, pues no es admisible que el principio de seguridad jurídica se vea amenazado con tanta facilidad y con ello misma libertad de expresión pendiendo como espada de Damocles la acusación por un imaginario hurto agravado o delito de transmisión de señales de comunicaciones ilegales por el libre albedrío de la administración.
Ante la grave situación expuesta, demandamos a los poderes del Estado, a la Fiscalía y al Poder Judicial se tomen decisiones que efectivamente eviten medidas arbitrarias originadas por normas que en forma defectuosa facilitan la actuación de la administración para acallar voces críticas o independientes y cumpliendo fines de represalia que no son admisibles en una sociedad democrática; además de mencionar que su tipificación y contenido ilícito es de una dudosa constitucionalidad y de no adecuación de la normativa interna a las obligaciones internacionales, en particular, las que garantizan la libertad de pensamiento y de expresión.
(Fuente: blog: Asociación Nacional de Periodistas del Perú).
