Procuradoría anticorrupción perseguirá los delitos
San Ignacio. La Primera Fiscalía Penal Corporativa Provincial de San Ignacio, a través de la Carpeta Fiscal Nº 81 del 2012, inició investigación preliminar contra don Euler Bery Jave Díaz y don Alvaro Leoncio Cabrera Pastor; el primero gerente Municipal y el segundo Jefe de Obras, ambos hombres de confianza de nuestro alcalde Carlos Alfonso Martínez Solano y dirigentes de Fuerza Campesina, ahora perseguidos legalmente por los delitos de peculado, colusión desleal, patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo.
La Disposición fiscal Nº 01, en los considerandos señala que un trabajador nombrado de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, en forma conjunta con su hermano crearon una empresa dedicada al alquiler de maquinaria pesada y venta de repuestos iniciaron sus labores en el mes de abril del 2008, y señalando como domicilio legal la Calle Cacique Cinto Nº 260 de la Urbanización La Tina en Chiclayo.
Resulta que en esa dirección no existe ninguna empresa ni tienda de repuestos que fue creada con fines de realizar tratos comerciales con la Municipalidad Provincial de San Ignacio, con pleno conocimiento del denunciado Alvaro Cabrera Pastor, quien se desempeñaba como Jefe inmediato del Gerente Municipal don Euler Bery Jave Díaz.
Que esta empresa sin que a los propietarios se les conosca fortuna, han adquirido maquinaria pesada como una motoniveladora, un cargador frontal y una camioneta Nissan y haber cobrado de la Municipalidad Provincial más de un millón de soles en poco tiempo.
Los sospechoso del caso está en que cuando los regidores Raúl Aguirre Camacho y Luis Peña Parra solicitaron se forme una comisión investigadora para determinar alguna responsabilidad de estos sospechosos actos, los regidores de Fuerza Campesina en su totalidad, votaron porque esa comisión no se forme, prácticamente evitando que se investigue y conosca cuál es la verdad.
Lo extraño y preocupante, es que don Euler Jave Díaz, según él persona muy transparente, ante los regidores y en la misma sesión de concejo, defendió a capa y espada a la empresa cuestionada, a tal grado de que mediante el informe Nº 48 del 22 de noviembre del 2011, justifica la contratación de esta maquinaria argumentando que el trabajador municipal co propietario de esta empresa, en marzo del 2008 renunció a la misma; sin embargo, la carta notarial de renuncia tiene fecha del 28 de noviembre del 2011, después de que los regidores presentan la denuncia y piden la comisión investigadora.
Asimismo, el honesto Euler Jave Díaz, negó rotundamente que la empresa de maquinaria pesada y venta de repuestos, contrario a sus servicios ofertados, también fue contratada por la municipalidad para venta de materiales, y como es su estilo, a los regidores de oposición que pedían investigación, los acusó de ser enemigos del desarrollo y pidió sanción contra ellos pidiendo sean drásticamente castigados al grado de pedir su suspensión y posteriormente su exclusión total del Concejo Provincial.
Sin embargo, ha quedado demostrado que el honorable Euler Jave Díaz, en esa sesión de Concejo le mintió al Alcalde y a todos los regidores que le reiteraron su confianza, porque a través de un peritaje contable se descubrió que la empresa cuestionada sí fue contratada por la Municipalidad de San Ignacio, para que le venda materiales de construcción lo cual estaba prohibido, hecho que se demuestra con la factura Nº 000106 por 28 mil 100 nuevos soles, pagados con presupuesto del FONCOMUN, mediante comprobante de pago Nº 4048.
Pero esto no es todo, sistemáticamente se contrataba la maquinaria de esta empresa bajo contratos que no pasaban de los 10 mil 500 nuevos soles; sin embargo, se ha descubierto que el municipio también le otorgaba el combustible y el operador, lo cual sumando estos costos sobrepasa el monto mínimo para que haya sido contratado bajo esa modalidad, configurando delito en agravio del estado.
Los documentos que prueban estos delitos ya están en poder del fiscal que ve el caso y, mañana miércoles se presentarán los audios donde el mismo Euler Jave Díaz, con su propia voz confirma los delitos que se han iniciado en su contra, acompañado de Alvaro Cabrera Pastor.
Las penas a imponerse llegan hasta los quince años, hay pena de cárcel e inhabilitación automática del cargo, el embargo de bienes para el pago de la indemnización al Estado, pena de cárcel e inhabilitación automática para ejercer función pública, comenzando por el cargo que ocupan.
El ministerio público ha fijado 70 días para la investigación pertinente, por si acaso, la ley prevé que los acusados pueden acogerse a la confesión sincera, lo cual da paso a la terminación anticipada, hecho que rebaja la pena hasta en casi la mitad y en algunos inculpados cumplen su pena libremente; en caso de no acogerse a este beneficio, todo el peso de la ley caerá sobre los responsables.
¿Qué dirán hoy con esto, el Alcalde y los regidores, que fueron engañados de la forma más inocente por don Euler Jave Díaz? Lo malo está que a este proceso todos los regidores que votaron en contra de que este caso se investigue, serán incluidos en el proceso, bajo la configuración de nuevos delitos que oportunamente se identificaron de acuerdo a las investigaciones que están en camino la presente semana.
Seguro que don Euler Jave Díaz, saldrá a decir que esto también es producto del invento de las empresas mineras, como si las empresas mineras administraran el municipio, o lo han obligado o coaccionado para que cometa los delitos que están en investigación.
