Tomando como ejemplo a otras provincias.Respondiendo al llamado del Gobierno Regional de Cajamarca, las instituciones de esta provincia se unen a esta medida, respaldando los reclamos y solicitando la inmediata atención del ministerio de economía, en relación a la entrega de los presupuestos que corresponden a esta entidad regional.
La Unidad de Gestión Educativa Local de San Ignacio (UGEL), Agencia Agraria, salud, Sindicato Unico de trabajadores de la Educación (SUTE), municipalidad provincial y otros sectores, desfilaron por las diversas calles de nuestra ciudad e improvisaron un mitin, criticando duramente al Presidente Alan García, por el Decreto Supremo 012, que restringe los derechos económicos del gobierno regional de Cajamarca.
En la intervención de los oradores, coinciden en que esta medida además de ser arbitraria e ilegal, puesto que limita la ejecución importantes obras del presupuesto participativo 2010, así como los nuevos compromisos a que están obligados para promover el desarrollo integral de las trece provincias de San Ignacio.
Responsabilizan, asimismo, al Congreso de la República, pues son ellos los que están dando libertad para que el poder ejecutivo atropelle los derechos ciudadanos de contar con obras que permitan alcanzar mejores niveles de calidad de vida.
La movilización sorpresiva que se realizó el martes pasado al promediar el mediodía con un aproximado de unos quinientos manifestantes, anunció asumir medidas de mayor magnitud en caso de que no sean atendidos en su legal petición.
La Unidad de Gestión Educativa Local de San Ignacio (UGEL), Agencia Agraria, salud, Sindicato Unico de trabajadores de la Educación (SUTE), municipalidad provincial y otros sectores, desfilaron por las diversas calles de nuestra ciudad e improvisaron un mitin, criticando duramente al Presidente Alan García, por el Decreto Supremo 012, que restringe los derechos económicos del gobierno regional de Cajamarca.
En la intervención de los oradores, coinciden en que esta medida además de ser arbitraria e ilegal, puesto que limita la ejecución importantes obras del presupuesto participativo 2010, así como los nuevos compromisos a que están obligados para promover el desarrollo integral de las trece provincias de San Ignacio.
Responsabilizan, asimismo, al Congreso de la República, pues son ellos los que están dando libertad para que el poder ejecutivo atropelle los derechos ciudadanos de contar con obras que permitan alcanzar mejores niveles de calidad de vida.
La movilización sorpresiva que se realizó el martes pasado al promediar el mediodía con un aproximado de unos quinientos manifestantes, anunció asumir medidas de mayor magnitud en caso de que no sean atendidos en su legal petición.