La denunciaran por inconducta funcional
En más de dos semanas ha vencido el plazo para que la Jueza Rosa Fernández Arrascue, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de San Ignacio, realice la audiencia pública donde el abogado defensor del comunicador y dirigente social David Santos Passapera Portilla, rebata la posibilidad de prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público, por los supuestos de Disturbio y daños contra la Municipalidad de esta provincia.
El Nuevo Código Procesal Penal, en su Artículo 271 inciso 1, señala que el Juez de la Investigación Preparatoria dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público, realizará la audiencia para determinar la procedencia o no de la prisión preventiva; la norma rige que el Juez incurre en responsabilidad funcional si no realiza la audiencia dentro del plazo legal.
La jueza que ve la causa sigue incurriendo en serias vulneraciones a los derechos procesales en agravio no sólo del mencionado comunicador social; sino de otros dirigentes integrantes de la Asociación de Desarrollo de San Ignacio (ADEFSI), también perjudicados en este caso.
El 15 de marzo pasado, un segmento de la población salió en respaldo del mencionado periodista radial cuando de forma ilegal dos fiscales allanaron su domicilio y se apropiaron de su computadora personal; de forma extraña y sospechosa un grupo de moradores apedreó la comisaría e instalaciones fiscales y quemó la infraestructura del municipio provincial.
Lo preocupante es que sin la existencia de pruebas ni testigos que comprometan al periodista san ignacino, la jueza Rosa Fernández Arrascue, involucró al denunciante comunicador social quien está presentando queja contra esta magistrada ante la superioridad de control interno del Poder Judicial.
Estos hechos estarían poniendo en evidencia un sistemático plan contra los dirigentes provinciales, que hacen presumir actos de coimas para agraviar a quienes durante estos últimos meses, han denunciado corrupción en la municipalidad provincial, poder judicial y ministerio público.
